Perfil del Estudio
Aspectos metodológicos:
- Estudio cualitativo a través de dos herramientas: grupo focal y entrevistas a profundidad.
- La investigación se realizó entre mayo y septiembre de 2016.
- Objetivos:
- Conocer la actitud de los servidores públicos en relación a la gestión de información en sus instituciones.
- Conocer la forma en la que deciden sobre la gestión de la información.
- Conocer la opinión sobre solicitudes de información hechas en sus instituciones.
- Conocer la cultura y las actitudes de los servidores públicos ante procesos iniciados en el IAIP frente a su institución.
- Se planificaron 65 entrevistas de 18 instituciones.
- El criterio de selección de las instituciones: Aquellas con más demandas ante el IAIP en el 2015 (según nuestros registros).
- Se entrevistaron a personas con cargos claves en la toma de decisión sobre la gestión de la información, incluyendo titulares.
- De 65 entrevistas solicitadas se lograron realizar 57 (88%).
- No accedieron a dar brindar información, pese a que se les solicitó entrevistas de manera reiterada:
- CAPRES no participó. Ninguna de sus dependencias, ni la Secretaría de Transparencia, ni la Secretaría de comunicaciones.
- De la Corte Suprema de Justicia se buscaron a funcionarios de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de Sala de lo Constitucional (por estar vinculadas al tema). Solamente un magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo brindó una entrevista. De la Sala de lo Constitucional, ninguno de los funcionarios quiso dar la entrevista.
Hallazgos
Algunos hallazgos:
- La LAIP y la transparencia en general son ampliamente aprobadas por los servidores públicos consultados; pero también existe un marcado temor y resistencia en varias instituciones a aplicar lo contenido en dicha normativa legal.
- Existe la percepción de que las solicitudes de información son “meros intereses para generar morbo o daño a equis o y entidad de gobierno”. Esto media a la hora de gestionar la información en las instituciones. Es decir, podría estar influyendo a la hora de dar o no información.
Existe la percepción de que algunos periodistas y algunos solicitantes efectivamente responden a agendas –en algunos casos partidarias, en otros simplemente periodísticas. Muchos funcionarios públicos no comprenden el papel de los medios de comunicación y le atribuyen la responsabilidad por el impacto (negativo) que tengan de la publicación de la información que generan las mismas instituciones.
- La actitud de los funcionarios de no entregar información la justifican, por lo general, diciendo que la responsabilidad es de los solicitantes al cometer errores en las solicitudes, a partir de los cual se evidencian críticas a los peticionarios de las informaciones.
Para todos los entrevistados sus procedimientos de trabajo y criterios son los correctos. Los “errores” están motivados por solicitudes mal redactadas o mal intencionadas. Es decir, existe una clara tendencia a trasladar la responsabilidad hacia el ciudadano cuando existen controversias.
- Con relación a la actuación del IAIP y a su accionar ante las controversias entre peticionarios e instituciones, se evidencia que implícitamente los entrevistados no están satisfechos con las resoluciones. Hay una relación directa entre el malestar de las instituciones con las actuaciones del IAIP, porque consideran que resuelve a favor del ciudadano. Incluso señalan al IAIP como una institución “garantista”. De acuerdo a los entrevistados, esta actitud por parte del Instituto podría estar mediando en sus resoluciones.
De acuerdo a los funcionarios los usos que hacen de la información solicitada se resumen en cinco categorías: a) difusión mediática, en la perspectiva de la difusión y análisis periodístico de la información, lo que implica el temor y el recelo con algunas solicitudes de información; b) investigaciones y trabajos académicos, considerado como usos “divertidos” por algunos funcionarios públicos, al argumentar que los estudiantes llegan para que se les hagan las tareas; c) negocios y concursos, lo que implica mejores decisiones en procesos de licitación; d) usos personales, vinculados con hechos muy específicos, que generan dudas en los modos de clasificación de información; e) actividades políticas, que se relacionan con los intereses personales o corporativos de algunas instituciones. La actitud del funcionario, en este sentido, es de recelo y de temor, sobre todo en el caso de los usos mediáticos de la información.